El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por una familia con un hijo con síndrome de Down a quien el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en un dictamen de 2020, dio la razón al establecer que los tribunales españoles habían vulnerado su derecho a una educación inclusiva.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de su región ha confirmado la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social competente que reconoció a una trabajadora la situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Se desestiman así los recursos presentados por la empresa y la mutua.

El Tribunal ha ratificado la incapacidad absoluta a una docente de 44 años con un trastorno ansioso-depresivo de larga duración y le concede una pensión con una base reguladora de 2.023,10 euros. Además, se revisará su situación a partir del 1 de agosto de 2025.

El Tribunal ha ratificado la situación de incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión a una vendedora de cupones de la ONCE, que tendrá derecho a percibir una pensión con una base reguladora de 1.835,87 euros.

El Tribunal ha declarado nula la extinción contractual decretada por una empresa respecto a una trabajadora por considerar que incurrió en discriminación por discapacidad, con las consecuencias inherentes de readmisión y abono de los salarios dejados de percibir.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado dos sentencias en las que reitera que el ordenamiento jurídico español no permite convertir al personal temporal de la Administración en funcionario de carrera o personal fijo o equiparable sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente para acceder a esa condición.