El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de un albañil acusado de estafa con la reforma de una vivienda propiedad de dos hermanas y confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que le condenó a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de 32.803,94 euros más intereses a las perjudicadas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el primero de los recursos en el que se demandaba la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por una empresa del sector de la hostelería como consecuencia de la aplicación de la normativa aprobada para evitar o mitigar la propagación de la pandemia COVID-19. Esa normativa impuso, entre otros extremos, la suspensión temporal de la actividad empresarial a la que se dedica la recurrente.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha condenado a una empresaria como autora de un delito continuado de estafa a la pena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión; y le impone una multa a pagar durante 9 meses una cuota diaria de 25 euros. Además, la Sala le condena en concepto de responsable civil directa -y a las mercantiles European Investment and Consulting Trust, SLU y Balearic Island Investment, en concepto de responsables civiles subsidiarias- a indemnizar a los perjudicados con más de 8 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea muestra su firmeza ante esta práctica inadecuada llevada a cabo por algunas líneas aéreas. Algunas compañías, sin previo aviso, cambian las reservas a fechas u horarios diferentes a los seleccionados por los usuarios, sin notificarles previamente, hasta ahora, sin compensación alguna.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha equiparado en una Sentencia a las parejas de hecho con los matrimonios, a los efectos de la obtención del título de familia numerosa y su disfrute tanto por los hijos como por los progenitores sin exclusión de ninguno de éstos. El único requisito es la inscripción en un registro de uniones de hecho para acreditar la convivencia.

En Sentencia del pasado 10 de octubre, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido la incapacidad permanente total para la profesión de oficial 1ª de la construcción a un trabajador que sufrió la pérdida total de un ojo y mantuvo la visión normal en el otro en un accidente de trabajo.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado, en sentencia del 10 de octubre, que el salario mínimo interprofesional (SMI) se aplica en la relación laboral especial de las personas que intervienen en operaciones mercantiles sin asumir el riesgo y ventura, regulada por el Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto. Confirma así el criterio adoptado por la Sala de lo Social de del TSJ de Andalucía (Granada).