A lo largo de 2014, un empleado y, a la vez, cliente del banco finés Pankki S, tuvo conocimiento de que sus datos personales habían sido consultados, en varias ocasiones, por otros miembros del personal del banco entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013. Al albergar dudas sobre la licitud de esas consultas, ese empleado, entretanto despedido de su puesto en Pankki S, solicitó a este, el 29 de mayo de 2018, que le comunicara la identidad de las personas que habían consultado sus datos, las fechas exactas de las consultas y los fines del tratamiento de dichos datos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha declarado nulo de pleno derecho el artículo del Reglamento de la Ley de Extranjería que establece como causa de extinción de la autorización de residencia temporal en España de ciudadanos extranjeros la permanencia fuera de nuestro país durante más de seis meses en el periodo de un año.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado en todos sus aspectos una sentencia de un juzgado se la capital grancanaria que en abril del año pasado anuló la comisión de apertura de un préstamo hipotecario del BBVA, al considerarlo abusivo y opaco para los solicitantes.

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, registradas en los órganos judiciales de Andalucía en el primer trimestre de 2023, en total 4.498, disminuyó un 7,8 % respecto al del mismo trimestre de 2022, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, sobre el apartado 21 del Artículo primero de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica, entre otras normas, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.

El Tribunal Supremo ha declarado, en dos recientes sentencias de 30 de mayo de 2023 (recursos de casación número 2323/2022 y 1602/2022), que las empresas que se dedican a la actividad de hostelería y restauración y que tuvieron que paralizar su actividad, cerrando sus instalaciones, como consecuencia de lo ordenado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Artículo 10, apartados 1º y 4º), pueden beneficiarse de una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que exigen los Ayuntamientos, proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total.