Aunque el Tribunal Supremo sigue poniendo límites a este tipo de créditos, la falta de información pone en serio riesgo a muchas personas que buscan una salida inmediata a sus problemas de solvencia.
Y es que de "usura", califica el Supremo la actividad que determinadas empresas que, por ejemplo, cobran un 24,6 por ciento de interés, más un interés de demora igual al anterior, incrementado en 4,5 puntos. Dice la Sala de lo Civil que, "La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo." Por ello, le es de aplicación al caso tratado el Artículo 1 y 9 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, en tanto se dice que:
Las entidades de crédito, reacias todas a modificar su operativa respecto de las clausulas suelo, están siendo notificadas de una serie de sentencias que están estimando, no sólo la nulidad de las denominadas "cláusulas suelo", sino la retroactividad de sus efectos en el sentido de requerir de los bancos la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, incluso aquellas generadas antes del 9 de mayo de 2013, fecha de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso de la nulidad. Éste último fallo, contrario a la doctrina del Alto Tribunal, ha sido dictado, por ejemplo, por el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Oviedo, condenando a Banco Popular a devolver a un particular todas las cantidades incorrectamente cobradas en un préstamo hipotecario.
A pesar de lo vetusta que la Ley Hipotecaria resulta en el Estado español, ya son varios los juzgados y tribunales que están tratando este asunto a partir de normas comunitarias y dictámenes procedentes de la Unión Europea.