La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 90.000 euros y la prohibición de concurrir a procedimientos de concesión de ayudas oficiales por seis meses impuestas a Vueling Airlines por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales debido al incumplimiento en su página web de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

El Tribunal Constitucional limita los efectos del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que avala el veto de los ‘apartamentos turísticos’ en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. El Tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica.

El Tribunal Supremo ha declarado, en la reciente Sentencia de 29 de septiembre de 2023 -recurso de casación nº 4542/2021- que la Administración tributaria no puede llevar a cabo el examen de la documentación contenida en un dispositivo electrónico, en este caso un ordenador personal, fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una Sentencia aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente el Presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado un recurso de amparo por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, comunidad autónoma distinta de su residencia habitual, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la recurrente a la interrupción del embarazo que, como estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (Artículo 15 de la Constitución Española, en conexión con el Artículo 10.1 CE).

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha elevado de 3.000 a 20.000 euros la indemnización que un empleado del Ayuntamiento de un municipio sevillano deberá pagar a una compañera sobre la que cometió abusos sexuales continuados durante un año, al inicio o durante su jornada laboral como limpiadores.