Y es que no es oro todo lo que reluce. Desde junio de 2013, fue anunciado con bombo y platillo unas subvenciones provenientes de la Diputación Provincial de Málaga y determinados ayuntamientos de la zona, tendentes a paliar una realidad, por otra parte fácil de solventar con una nueva revisión catastral, pero que finalmente salió de todos nuestros bolsillos a razón de unos 5 millones de euros. Y es que, ciertamente, el valor catastral de las viviendas, en algunos casos, es incluso superior al de venta real y, a causa de esa valoración los ayuntamientos se embolsan anualmente de los contribuyentes unas cantidades que, muchos de nosotros, no podemos afrontar.
La medida fue bastante criticada al principio, ya que muchas personas se quedaban fuera de esa ayuda. En algunos casos, como el denunciado por el Defensor del Pueblo Andaluz, quedaba excluido simplemente por ser emigrante, estar trabajando en otro país, y sin posibilidad de estar empadronado en la provincia de Málaga. Otros, porque su residencia superaba los 100.000 euros como valor catastral, que era la cuantía establecida como límite para recibir dicha subvención, dejando fuera al 87% de los inmuebles. Y muchos, porque directamente los tributos de sus ayuntamientos no estaban gestionados por el Patronato de Recaudación Provincial.
La Disposición adicional única de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, contempla dos medidas especiales para los casos de regularización en IRPF de rentas procedentes de pensiones pagadas desde el extranjero:
Para evitar en lo posible retrasos en las devoluciones, recomendamos que se realice cuanto antes el conocido modelo 100.