No cabe la menor duda, que mantener un anuncio en las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, Tripadvisor, Booking, Homeaway, o incluso las de cualquier otro intermediario, como las webs de las agencias inmobiliarias, cada día es más difícil para aquellos que no tienen al día su actividad económica. Recordemos que el primer paso fue dado por tribunales y varias comunidades autónomas, obligando a estos agentes borrar de sus bases de datos cualquier vivienda en alquiler que no estuviese formalmente inscrita en los registros oportunos. En el caso de Andalucía, la Consejería de Turismo. El incumplimiento del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, puede conllevar sanciones que van desde 2.000,00 € hasta 150.000,00 €. “Como sanción accesoria podrá imponerse la suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento o de la unidad de alojamiento, en su caso, por un periodo comprendido entre seis meses y tres años. Podrá acordarse la clausura definitiva del establecimiento y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, cuando la persona responsable haya sido sancionada dos o más veces en el transcurso de tres años consecutivos por la comisión de infracciones muy graves, mediante resolución firme en vía administrativa, y se produzcan perjuicios graves para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta de la persona infractora.”

Tras las torrenciales lluvias sufridas estos últimos días en toda la provincia de Málaga, han sido muchas las localidades afectadas por el efecto del agua que ha anegado infinidad de fincas, casas y locales. Entre otras poblaciones, Estepona, Manilva, Casares, Mijas, Cártama, Marbella y San Pedro Alcántara, han sido las más damnificadas.

Llega el momento de limpiar, cuantificar los daños y reclamar las compensaciones oportunas pero, ¿cómo reclamar de forma eficaz?

Son muchas las compañías y pólizas de seguro que cubren daños por inundación producidos por lluvias torrenciales bajo la denominación "riesgos extraordinarios". Y decimos torrenciales, porque generalmente estos daños son tratados por las aseguradoras si oficialmente se ha cuantificado el caudal en cantidad superior a los 40 litros por metro cuadrado y hora, superados con creces durante este fin de semana.

El Ejecutivo comunitario no va a esperar mucho más para comenzar a imponer multas a España si no se adapta nuestra legislación lo antes posible a la directiva europea aprobada en febrero de 2014.

El objetivo de esta directiva no es otra que salvaguardar plenamente el derecho de los consumidores para que los bancos apliquen prácticas responsables de crédito. Bruselas entiende insuficiente la adhesión voluntaria de las entidades al Código de Buenas Prácticas dispuesto en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La defensa del consumidor debe ser real, adaptando el Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprobó la última redacción oficial de la Ley Hipotecaria.

El próximo 17 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Hotel NH San Pedro, organizado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara Apymespa, la alianza de letrados Business and You y sus partners Jiménez & Asociados y Ley 57 Abogados, impartirán una conferencia-coloquio acerca de la próxima decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, que decidirá sobre la retroactividad de las cláusulas suelo presentes en miles de escrituras de hipoteca que ha afectado a cientos de miles de familias.

Intervendrán:
Miguel Ángel Jiménez Sedeño · Abogado · Jiménez & Asociados
Carlos Cómitre Couto · Abogado · Ley 57 Abogados

A nivel nacional, la posibilidad de alquilar una finca por temporada venía definida y autorizada por el Artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, sobre arrendamientos para uso distinto del de vivienda, ya fuese para veranos u otras épocas. A ello había que añadir, el alta de dicha actividad económica en el epígrafe 685-1, para alojamientos turísticos extrahoteleros y, como es lógico, cumplir con todos los requisitos fiscales ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Hasta ahí, todo hubiese seguido igualmente regulado, hasta que las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y empresarios hoteleros, se fueron dando cuenta del crecimiento exponencial que este tipo de negocios ha experimentado en los últimos años y, asociado a ello, una evidente falta de cumplimiento con la Administración Pública, cuando no, la prestación de un servicio muy por debajo de las expectativas de cualquier cliente nacional o extranjero, en cuanto a atención, información y calidad de las instalaciones se refiere.