Una de las últimas Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de familia, ha modificado su Doctrina al entender que el pacto alcanzado entre las parejas al momento de la separación, tiene plena vigencia a la hora de requerirse el divorcio, promovido solo por una de las partes. Textualmente, el Tribunal admite que "a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de ambos cónyuges, siempre que no sea contraria a la Ley, la moral y el orden público."
Reconocida en Primera Instancia una pensión compensatoria por importe de 1.400 euros, fue la Audiencia Provincial de Madrid quien, estimando el Recurso interpuesto por el marido, quien extinguió el derecho adquirido por la esposa a la hora de seguir percibiendo la cantidad estipulada en el convenio regulador instituido al momento de la separación.
El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensión a su exmujer para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y además rechaza que esa pensión pueda limitarse temporalmente (como hizo el Juzgado de Primera Instancia que estudió el asunto, que fijó el límite en dos años), "pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo", más allá de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variación sustancial de las circunstancias (Artículo 91 del Código Civil).
El pasado 14 de noviembre, el Tribunal Supremo estimó el Recurso de Casación interpuesto por una madre maltratada cuyo hijo fue reclamado por su padre dos años después de su nacimiento. El Fallo, contradice las sentencias emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de las Palmas de Gran Canaria y la Sección Quinta de Audiencia Provincial de esa misma ciudad, en las que se aplicaba en exclusiva el Artículo 109 del Código Civil y del Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Registro Civil, en contraposición, en este caso concreto, del espíritu constitucional, concediendo el primer lugar en el apellido del menor a la línea paterna, eludiendo entrar en más apreciaciones, como el hecho de reclamar de forma tardía ese supuesto derecho, además de un hijo nacido extramatrimonialmente, o la condena por delito de maltrato sobre la madre.