Como ya comentamos en nuestro anterior artículo referido a la nueva legislación autonómica sobre el arrendamiento de viviendas para uso turístico, uno de los motivos por el que el legislador, después de tantos años, entra a regular y vigilar este tipo de contratación, es el beneficio económico que ello reporta a las arcas privadas sin pasar por el control de Hacienda.
Según los técnicos de Hacienda, en Andalucía y, concretamente, en la provincia de Málaga, se encuentran la mayor parte de arrendamientos sin declarar, la mayoría de ellos, para uso distinto del de vivienda. Se estima que la proporción es del 55,4 por ciento. Esto es, 14 puntos por encima del promedio español. Por ello, la Agencia Tributaria ha puesto los ojos y toda su plantilla de inspectores a revisar y cruzar, entre otros, los datos del consumo eléctrico que de declaran en viviendas que, en teoría, están desocupadas, además de los anuncios de arrendamiento vacacional existentes en las distintas plataformas que existen en el mercado como Airbnb, Tripadvisor, HomeAway, etc. sin contar además con, la colaboración existente a partir de ahora entre Hacienda y la Junta de Andalucía, encargada de inscribir, registrar e inspeccionar desde ahora todos estos inmuebles.
Ya el Tribunal Supremo, en su Sentencia 2159/2014, de 30 de mayo, declaraba injusto que los ayuntamientos cobrasen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de parcelas urbanizables desarrolladas, en igual proporción que aquellas en las que ni siquiera el plan parcial había sido aprobado por los correspondientes consistorios. O lo que es igual, que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General del Catastro, valorase de la misma forma unas fincas y otras, sin tener en cuenta el hecho de que no existen construcciones, y que tampoco reciben los mismos servicios municipales que otras zonas que disponen de alumbrado público, acerado, asfalto en sus calles, etc.