Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el complemento de pensión concedido únicamente a las madres beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente y que tengan dos o más hijos (biológicos o adoptados), con exclusión de los padres que se encuentren en una situación comparable, constituye una discriminación directa por razón de sexo, contraria a la Directiva de igualdad de trato.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el fallo de un juzgado Social de Santa Cruz de Tenerife que desestimó la demanda de una empresa de reciclaje de neumáticos frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y un empleado por imponerle un recargo del 30% sobre las prestaciones derivadas del accidente sufrido por el trabajador.

Un fiscal de una fiscalía lituana fue separado de su cargo por la Fiscalía General de Lituania. Esta sanción disciplinaria se le impuso por haber facilitado ilegalmente información a un sospechoso y a su abogado durante una instrucción. El fiscal impugnó dicha decisión ante los tribunales lituanos.

La Sala Social del TSJ del País Vasco ha desestimado el recurso de la trabajadora de una residencia de mayores que solicitaba que su baja médica se derivara de un accidente de trabajo.

La Sala Social del TSJ de Castilla-La Mancha ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador de una fábrica alimentaria y condena a la empresa a optar entre readmitir al actor en su puesto de trabajo, con abono de los salarios de tramitación o bien, indemnizarle con la cantidad de 59.518,20 euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Moncada, ha condenado a una entidad bancaria a que abone a una clienta los 5.895 euros más intereses, que perdió tras ser víctima de un fraude conocido como ‘phishing’, en el que fueron cargados pagos en su cuenta bancaria que ella no autorizó.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que anula la exigencia a los contribuyentes de presentar la declaración del IRPF por medios electrónicos a través de Internet, realizada en la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/277/2019, de 4 de marzo, “pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación”.