Durante 2023, los concursos de acreedores presentados ante los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla crecieron un 77,5% con respecto al año anterior al sumar un total de 6.310.

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el complemento de pensión concedido únicamente a las madres beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente y que tengan dos o más hijos (biológicos o adoptados), con exclusión de los padres que se encuentren en una situación comparable, constituye una discriminación directa por razón de sexo, contraria a la Directiva de igualdad de trato.

Van siendo reiteradas las ocasiones en las que la Unión Europea y su Tribunal de Justicia, vienen enmendando la plana al Estado Español respecto de nuestra Ley Hipotecaria. En noviembre de 2012, el TJUE declaraba el procedimiento sobre desahucios contrario a la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que nuestro país, permite el uso de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios, causando masivas ejecuciones forzosas, prácticamente imposibles de negociar con los bancos. Al año siguiente, el Alto Tribunal de la UE, volvió a declarar las normas hipotecarias españolas fuera del ordenamiento jurídico de la Unión, indicando a los juzgados españoles el uso de su Doctrina, a la hora de paralizar los desahucios hipotecarios, en el uso de la Directiva anteriormente citada. Y, finalmente, a pesar de las modificaciones aprobadas en esta última legislatura, en julio de 2014, el Tribunal europeo nuevamente recriminaba al Estado Español, legislar en contra de los dictados de la UE respecto de la protección a los consumidores, la garantía de una tutela judicial efectiva y la pérdida de determinados derechos humanos.

Sin duda, una más que inmensa, a la vez que apasionante, rama del Derecho. Según las últimas estadísticas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, en España, la relación de casos referidos a la vía Civil, suponen aproximadamente casi el 40 % del total de los expedientes que anualmente se tramitan en nuestros Tribunales.

Sigue este año centrando su actividad judicial en litigios unidos, en su mayoría, a las reclamaciones de cantidad, concretamente las referidas a los impagos generados por empresas y las cuotas o derramas reclamadas por las Comunidades de Propietarios. A fin de agilizar su tramitación y los costes que ello supone, aportamos soluciones diferenciadas que permiten la reparación requerida con las garantías suficientes en derechos y obligaciones para todas las partes. Además, en el seno de estas entidades, las relacionadas con la propiedad, facilitamos la ayuda necesaria en relaciones internas como externas, entre administrados y la Administración Pública.