"Alquilé mi piso por 30 días y ahora no puedo echar al inquilino". Algo así se relataba en la noticia que El Confidencial, publicó el pasado lunes 25 de abril, sobre las desventuras de una propietaria de San Francisco (EEUU), que puso uno de sus apartamentos en manos de una plataforma web de alquiler vacacional. Además de sobrepasar el tiempo de estancia pactado, el inquilino empezó a quejarse por absolutamente todo e, incluso, dejó de pagar.

Aunque la legislación española es bien diferente a la de California, no cabe duda de que, antes de iniciar cualquier tipo de negocio jurídico, la recomendación es consultar con un profesional del Derecho, el cual nos orientará sobre todas las cuestiones jurídicas y fiscales que conlleva tal decisión.

A nivel nacional, la posibilidad de alquilar una finca por temporada venía definida y autorizada por el Artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, sobre arrendamientos para uso distinto del de vivienda, ya fuese para veranos u otras épocas. A ello había que añadir, el alta de dicha actividad económica en el epígrafe 685-1, para alojamientos turísticos extrahoteleros y, como es lógico, cumplir con todos los requisitos fiscales ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Hasta ahí, todo hubiese seguido igualmente regulado, hasta que las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y empresarios hoteleros, se fueron dando cuenta del crecimiento exponencial que este tipo de negocios ha experimentado en los últimos años y, asociado a ello, una evidente falta de cumplimiento con la Administración Pública, cuando no, la prestación de un servicio muy por debajo de las expectativas de cualquier cliente nacional o extranjero, en cuanto a atención, información y calidad de las instalaciones se refiere.

Sobran palabras para desarrollar cuán necesario se hace el conocimiento de los derechos y obligaciones que como administrados tenemos. Mediante el Derecho Fiscal o Tributario, disponemos de todas las herramientas necesarias para asesorar de la mejor forma posible y con conocimiento de los cambios y modificaciones que la legislación va adoptando con el tiempo.

Estas herramientas las ponemos a disposición de todos, a fin de que puedan disponer de una correcta visión sobre los pasos a seguir en el negocio jurídico que desee desarrollar. Las consecuencias jurídicas y económicas que pueden provocar la falta de este asesoramiento, pueden siempre ser evitadas con el encargo y consiguiente control a manos del Letrado y su equipo profesional. Esta intervención debe ser interpretada siempre como una inversión y nunca como un gasto más a la hora de realizar una compra, venta, arrendamiento de fincas o bienes muebles para sí mismo, sociedad de gananciales o de empresa.