Y es que no es oro todo lo que reluce. Desde junio de 2013, fue anunciado con bombo y platillo unas subvenciones provenientes de la Diputación Provincial de Málaga y determinados ayuntamientos de la zona, tendentes a paliar una realidad, por otra parte fácil de solventar con una nueva revisión catastral, pero que finalmente salió de todos nuestros bolsillos a razón de unos 5 millones de euros. Y es que, ciertamente, el valor catastral de las viviendas, en algunos casos, es incluso superior al de venta real y, a causa de esa valoración los ayuntamientos se embolsan anualmente de los contribuyentes unas cantidades que, muchos de nosotros, no podemos afrontar.
La medida fue bastante criticada al principio, ya que muchas personas se quedaban fuera de esa ayuda. En algunos casos, como el denunciado por el Defensor del Pueblo Andaluz, quedaba excluido simplemente por ser emigrante, estar trabajando en otro país, y sin posibilidad de estar empadronado en la provincia de Málaga. Otros, porque su residencia superaba los 100.000 euros como valor catastral, que era la cuantía establecida como límite para recibir dicha subvención, dejando fuera al 87% de los inmuebles. Y muchos, porque directamente los tributos de sus ayuntamientos no estaban gestionados por el Patronato de Recaudación Provincial.
Ya el Tribunal Supremo, en su Sentencia 2159/2014, de 30 de mayo, declaraba injusto que los ayuntamientos cobrasen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de parcelas urbanizables desarrolladas, en igual proporción que aquellas en las que ni siquiera el plan parcial había sido aprobado por los correspondientes consistorios. O lo que es igual, que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General del Catastro, valorase de la misma forma unas fincas y otras, sin tener en cuenta el hecho de que no existen construcciones, y que tampoco reciben los mismos servicios municipales que otras zonas que disponen de alumbrado público, acerado, asfalto en sus calles, etc.