Evidentemente, no seremos conscientes de lo que significará dejar para otros, un trámite que nos puede ocupar unos minutos y costar muy poco, pero las consecuencias económicas para nuestros futuros herederos pueden ser mucho más elevadas.

En el ámbito interpretativo de la herencia, algunos de los que queden fuera del reparto o entiendan tener más derechos sobre la misma, podría forzarlos a iniciar incluso reclamaciones judiciales al respecto.
El testamento, como documento de últimas voluntades, será tenido en cuenta para realizar el reparto de bienes entre nuestros herederos legítimos y aquellos que elijamos, además de los primeros. No realizar este trámite, obligará a que la masa hereditaria sea repartida conforme a criterios legales exclusivamente y no de última voluntad del testador.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el pasado 19 de octubre de 2016, ha desestimado el Recurso de Casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, a su vez, desestimó la demanda en la que se solicitaba la nulidad de un testamento notarial abierto. La cuestión jurídica objeto de recurso ha sido la idoneidad o no para ser testigo de la pareja de hecho de la instituida heredera, según las formalidades previstas en los artículos 682 y 697 del Código Civil para los testamentos abiertos, que determinan la inidoneidad como testigos, entre otros parientes, del cónyuge de la persona designada heredera.

Los abuelos de la demandante otorgaron sendos testamentos ante notario, instituyendo a su hija como heredera, con dos testigos instrumentales, uno de los cuales era pareja de hecho de la nombrada como heredera. Los testadores, que no sabían leer, declararon que el contenido de los testamentos otorgados era conforme con su voluntad expresada oralmente.

Este mes de marzo está siendo extremadamente interesante, por cuantas Sentencias han ido acumulando Tribunales y Juzgados en favor de Derechos Fundamentales, quebrantados hasta ahora, no solo por entidades bancarias, sino también por la misma Administración Pública, quien viene discriminando fiscalmente a los ciudadanos españoles según la Comunidad Autónoma en la que residen.

Éste es uno de los casos que resuelve el Tribunal Constitucional en Sentencia dictada el pasado 18 de marzo de 2015, en la que se estima la "Cuestión de Inconstitucionalidad" Número 3337/2013 (promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y, consecuentemente, en la que se declara inconstitucional y nulo parte del artículo 12.bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, concretamente, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.