Nos referimos concretamente a la aplicación de recargos por Plusvalía, aunque el inmueble vendido haya sido a pérdida o con un incremento patrimonial igual a cero.

Si bien es cierto que la nulidad dictada por el Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solo afecta a dos artículos de la Ley Foral guipuzcoana que rige dicho impuesto, en la práctica, son prácticamente calcados de los que ayuntamientos de toda España aplican para la autoliquidación, liquidación o revisiones que hasta ahora se vienen dando. Es por ello que tarde o temprano el Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad en el resto del territorio español, en base a la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Artículo 104 y siguientes.

Este mes de marzo está siendo extremadamente interesante, por cuantas Sentencias han ido acumulando Tribunales y Juzgados en favor de Derechos Fundamentales, quebrantados hasta ahora, no solo por entidades bancarias, sino también por la misma Administración Pública, quien viene discriminando fiscalmente a los ciudadanos españoles según la Comunidad Autónoma en la que residen.

Éste es uno de los casos que resuelve el Tribunal Constitucional en Sentencia dictada el pasado 18 de marzo de 2015, en la que se estima la "Cuestión de Inconstitucionalidad" Número 3337/2013 (promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y, consecuentemente, en la que se declara inconstitucional y nulo parte del artículo 12.bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, concretamente, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.