Mucho hemos escrito y especulado sobre el contenido de la Sentencia que, por fin, conocemos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de las cláusulas suelo. Finalmente, la Justicia comunitaria corrige al Tribunal Supremo español y establece lo dictado por el Artículo 1303 del Código Civil, directivas europeas sobre derechos del consumidor y normas hipotecarias, como normas de obligado cumplimiento a la hora de restablecer por completo las cantidades indebidamente cobradas por los bancos por cláusulas declaradas nulas.

De forma bastante irregular, el Tribunal Supremo se arrogó el derecho, no de interpretar la Ley, sino de legislar por encima de su enunciado para defender un supuesto "trastorno económico" para el sistema financiero español, sin tener en absoluto en cuenta el perjuicio provocado por estos a cientos de miles de familias a quienes se les había obligado a firmar unas hipotecas con cláusulas que han sido declaradas abusivas. En la práctica, ello suponía la imposición de un interés fijo, a pesar de haber firmado una variación en la tipo que se aplicaría en el periodo de revisión.

El Ejecutivo comunitario no va a esperar mucho más para comenzar a imponer multas a España si no se adapta nuestra legislación lo antes posible a la directiva europea aprobada en febrero de 2014.

El objetivo de esta directiva no es otra que salvaguardar plenamente el derecho de los consumidores para que los bancos apliquen prácticas responsables de crédito. Bruselas entiende insuficiente la adhesión voluntaria de las entidades al Código de Buenas Prácticas dispuesto en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La defensa del consumidor debe ser real, adaptando el Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprobó la última redacción oficial de la Ley Hipotecaria.

El próximo 17 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Hotel NH San Pedro, organizado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara Apymespa, la alianza de letrados Business and You y sus partners Jiménez & Asociados y Ley 57 Abogados, impartirán una conferencia-coloquio acerca de la próxima decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, que decidirá sobre la retroactividad de las cláusulas suelo presentes en miles de escrituras de hipoteca que ha afectado a cientos de miles de familias.

Intervendrán:
Miguel Ángel Jiménez Sedeño · Abogado · Jiménez & Asociados
Carlos Cómitre Couto · Abogado · Ley 57 Abogados

Por fin, el TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista para la cuestión de prejudicialidad planteada por un Juzgado de Granada respecto de las denominadas cláusulas suelo, ante la disparidad con la que los distintos tribunales afrontan la necesidad de devolver las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de crédito desde que se iniciara el préstamo hipotecario o, como mantiene el Tribunal Supremo Español, desde su Sentencia de 9 de mayo de 2013.

Por ello, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronuncie sobre los efectos reales después de haberse declaración nulas prácticamente la totalidad de estas cláusulas, respecto del dictado proveniente del Artículo 1303 del Código Civil, el cual propugna que "Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes."

Van siendo reiteradas las ocasiones en las que la Unión Europea y su Tribunal de Justicia, vienen enmendando la plana al Estado Español respecto de nuestra Ley Hipotecaria. En noviembre de 2012, el TJUE declaraba el procedimiento sobre desahucios contrario a la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que nuestro país, permite el uso de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios, causando masivas ejecuciones forzosas, prácticamente imposibles de negociar con los bancos. Al año siguiente, el Alto Tribunal de la UE, volvió a declarar las normas hipotecarias españolas fuera del ordenamiento jurídico de la Unión, indicando a los juzgados españoles el uso de su Doctrina, a la hora de paralizar los desahucios hipotecarios, en el uso de la Directiva anteriormente citada. Y, finalmente, a pesar de las modificaciones aprobadas en esta última legislatura, en julio de 2014, el Tribunal europeo nuevamente recriminaba al Estado Español, legislar en contra de los dictados de la UE respecto de la protección a los consumidores, la garantía de una tutela judicial efectiva y la pérdida de determinados derechos humanos.

A la espera de la próxima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y del acuerdo al que Gobierno y bancos quieren llegar antes de las próximas elecciones nacionales, la Unión Europea ha dado un paso muy importante en la defensa de las leyes españolas y las directivas europeas. Le dice claramente al Tribunal Supremo español que no tiene razón a la hora de limitar el reembolso del beneficio obtenido por las entidades de crédito, por una cláusula hipotecaria declarada judicialmente nula. Recordemos que el Artículo 1303 de nuestro Código Civil, obliga en estos casos "restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses..."

Las leyes de la UE también fueron redactadas en esa misma línea. Tanto en los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, es evidente la defensa al consumidor, instando a los estados miembros para que "existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores", cosa imposible en España, cuando prevalece el posible "trastorno económico" de los bancos frente al de los ciudadanos, en este caso el eslabón más débil de la cadena económica, que durante estos años han perdido tanto a causa de las llamadas cláusulas suelo.