Por fin, el TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista para la cuestión de prejudicialidad planteada por un Juzgado de Granada respecto de las denominadas cláusulas suelo, ante la disparidad con la que los distintos tribunales afrontan la necesidad de devolver las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de crédito desde que se iniciara el préstamo hipotecario o, como mantiene el Tribunal Supremo Español, desde su Sentencia de 9 de mayo de 2013.

Por ello, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronuncie sobre los efectos reales después de haberse declaración nulas prácticamente la totalidad de estas cláusulas, respecto del dictado proveniente del Artículo 1303 del Código Civil, el cual propugna que "Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes."

Aunque el Tribunal Supremo sigue poniendo límites a este tipo de créditos, la falta de información pone en serio riesgo a muchas personas que buscan una salida inmediata a sus problemas de solvencia.

Y es que de "usura", califica el Supremo la actividad que determinadas empresas que, por ejemplo, cobran un 24,6 por ciento de interés, más un interés de demora igual al anterior, incrementado en 4,5 puntos. Dice la Sala de lo Civil que, "La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo." Por ello, le es de aplicación al caso tratado el Artículo 1 y 9 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, en tanto se dice que:

En una Sentencia emitida el pasado día 2 de marzo, el TS ha delimitado claramente cuáles son los límites de los abuelos paternos y maternos a la hora de afrontar los costes de manutención de sus nietos, sobrevenida una serie de circunstancias como la incapacidad de ambos padres y su incapacidad para volver al mercado laboral por dicha circunstancia, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Gijón como la Audiencia de Provincial sita en la misma localidad, estimaron parcialmente la demanda de la madre, condenando a los cuatro abuelos a pagar una pensión de alimentos a la nieta (actualmente de 12 años de edad), por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros debían ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos. Antes de llegar el caso al Supremo, la Audiencia Provincial simplemente corrigió el Fallo emitido durante la Primera instancia, en el sentido de que la pensión debía pagarse desde la fecha de interposición de la demanda y dentro de los cinco primeros días de cada mes.

El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensión a su exmujer para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y además rechaza que esa pensión pueda limitarse temporalmente (como hizo el Juzgado de Primera Instancia que estudió el asunto, que fijó el límite en dos años), "pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo", más allá de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variación sustancial de las circunstancias (Artículo 91 del Código Civil).

A nivel nacional, la posibilidad de alquilar una finca por temporada venía definida y autorizada por el Artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, sobre arrendamientos para uso distinto del de vivienda, ya fuese para veranos u otras épocas. A ello había que añadir, el alta de dicha actividad económica en el epígrafe 685-1, para alojamientos turísticos extrahoteleros y, como es lógico, cumplir con todos los requisitos fiscales ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Hasta ahí, todo hubiese seguido igualmente regulado, hasta que las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y empresarios hoteleros, se fueron dando cuenta del crecimiento exponencial que este tipo de negocios ha experimentado en los últimos años y, asociado a ello, una evidente falta de cumplimiento con la Administración Pública, cuando no, la prestación de un servicio muy por debajo de las expectativas de cualquier cliente nacional o extranjero, en cuanto a atención, información y calidad de las instalaciones se refiere.

El pasado 14 de noviembre, el Tribunal Supremo estimó el Recurso de Casación interpuesto por una madre maltratada cuyo hijo fue reclamado por su padre dos años después de su nacimiento. El Fallo, contradice las sentencias emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de las Palmas de Gran Canaria y la Sección Quinta de Audiencia Provincial de esa misma ciudad, en las que se aplicaba en exclusiva el Artículo 109 del Código Civil y del Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Registro Civil, en contraposición, en este caso concreto, del espíritu constitucional, concediendo el primer lugar en el apellido del menor a la línea paterna, eludiendo entrar en más apreciaciones, como el hecho de reclamar de forma tardía ese supuesto derecho, además de un hijo nacido extramatrimonialmente, o la condena por delito de maltrato sobre la madre.