Como ya sabemos, la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) respecto de las cláusulas suelo, emitida el 9 de mayo de 2013, resultó ser un gran revulsivo a la hora de convencer a los ciudadanos hipotecados sobre la conveniencia de exigir a los bancos la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de crédito bancario.

Más recientemente, por efecto de la Sentencia de 25 de marzo de 2015, en la que el TS limitaba las devoluciones desde el 9 de mayo de 2013, los ciudadanos entendimos que, injustamente, se estaba defendiendo y beneficiando a la banca en general, en contra del consumidor y de la propia legislación española. Concretamente del Código Civil, en su Artículo 1303, entendiendo que restituir esas cantidades pondría en riesgo la "solvencia del sistema bancario español."

Ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir en algún momento la implicación en uno de estos procedimientos, ya que los delitos y faltas desarrollados en nuestro Código Penal, no solo persiguen las típicas acciones intencionadas o dolosas (robos, hurtos, lesiones, abusos...), sino que, además, son tratados aquellos actos causados por culpa, negligencia, omisión, descuido o falta de diligencia u obligaciones debidas, vistos, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, dudosas actuaciones médicas o de otros profesionales...

Relacionado con esta cuestión, se identifica nuestro compromiso: salvaguardar los derechos de aquellas personas que puedan verse afectadas, activa o pasivamente, por tales circunstancias. De manera explícita, la labor del Letrado ampara la seguridad jurídica de quien solicita la defensa frente al Ministerio Público, terceros implicados, o bien, nuestra actuación como acusación particular en denuncias o querellas que deban interponerse en la justa defensa de sus intereses.

Hace unos 11 años, sobre todo desde el nacimiento de Facebook en Estados Unidos, las redes sociales han ido modificando la manera en que nos relacionamos. Es un hecho constatado que durante cierta parte del día permanecemos conectados a ordenadores y dispositivos móviles, con el objeto de transmitir nuestras ideas y deseos, ya no sólo para compartir éstas con el mundo, sino también de forma privada, ya sea con amigos, conocidos o familiares.

Siendo Internet un reflejo de nuestra sociedad, con sus bondades y maldades, era de esperar que también se trasladase buena carga delictiva a la red. Amenazas, injurias y calumnias, ... o meras pruebas de hechos delictivos, como en el caso que hoy nos ocupa: Sentencia Número 300/2015, de 19 de mayo, publicada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Las Áreas de Regularización (ARG), son áreas o ámbitos de "suelo urbano no consolidado" en las que, mayoritariamente, existen irregularidades en las edificaciones existentes. Como la palabra indica, son áreas que se delimitan para regularizarlas y convertirlas en áreas urbanas con los equipamientos públicos necesarios, además de una urbanización adecuada a la edificación existente.

La razón de su regularización, puede estribar en que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), considere que ese suelo precisa de un incremento o una mejora de las dotaciones y/o de los servicios públicos y de urbanización existentes, a causa de un aumento de edificabilidad (m² construidos), de densidad (número de viviendas superior al permitido), o cambio de uso global. Por ejemplo, un suelo destinado a industrial que se ha utilizado para edificar viviendas, derivando todo ello en un incremento del técnicamente denominado "aprovechamiento objetivo". O bien porque se ha sobrepasado la altura, la ocupación de suelo, porque no se cumplan los estándares mínimos sobre equipamientos, porque no se haya formalizado la cesión de las dotaciones existentes, etc.

Y es que no es oro todo lo que reluce. Desde junio de 2013, fue anunciado con bombo y platillo unas subvenciones provenientes de la Diputación Provincial de Málaga y determinados ayuntamientos de la zona, tendentes a paliar una realidad, por otra parte fácil de solventar con una nueva revisión catastral, pero que finalmente salió de todos nuestros bolsillos a razón de unos 5 millones de euros. Y es que, ciertamente, el valor catastral de las viviendas, en algunos casos, es incluso superior al de venta real y, a causa de esa valoración los ayuntamientos se embolsan anualmente de los contribuyentes unas cantidades que, muchos de nosotros, no podemos afrontar.

La medida fue bastante criticada al principio, ya que muchas personas se quedaban fuera de esa ayuda. En algunos casos, como el denunciado por el Defensor del Pueblo Andaluz, quedaba excluido simplemente por ser emigrante, estar trabajando en otro país, y sin posibilidad de estar empadronado en la provincia de Málaga. Otros, porque su residencia superaba los 100.000 euros como valor catastral, que era la cuantía establecida como límite para recibir dicha subvención, dejando fuera al 87% de los inmuebles. Y muchos, porque directamente los tributos de sus ayuntamientos no estaban gestionados por el Patronato de Recaudación Provincial.

En anteriores publicaciones hemos ido relatando las distintas varas de medir que Juzgados y Tribunales han estado utilizando a la hora de analizar la nulidad de las comúnmente llamadas cláusulas suelo y la consiguiente restitución de todo lo cobrado por las entidades de crédito, atendiendo unas a la Sentencia del Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 y, otras, a la nueva del 25 de marzo de 2015.

No obstante, durante estas últimas semanas, han surgido una serie de jueces de lo mercantil que, en lugar de la aplicación automática de las resoluciones del Tribunal Supremo al respecto, se decantan por aplicar la que en su día dictara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.