Este mes de marzo está siendo extremadamente interesante, por cuantas Sentencias han ido acumulando Tribunales y Juzgados en favor de Derechos Fundamentales, quebrantados hasta ahora, no solo por entidades bancarias, sino también por la misma Administración Pública, quien viene discriminando fiscalmente a los ciudadanos españoles según la Comunidad Autónoma en la que residen.
Éste es uno de los casos que resuelve el Tribunal Constitucional en Sentencia dictada el pasado 18 de marzo de 2015, en la que se estima la "Cuestión de Inconstitucionalidad" Número 3337/2013 (promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y, consecuentemente, en la que se declara inconstitucional y nulo parte del artículo 12.bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, concretamente, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
Uno de los efectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, podrá ser notoriamente visible durante este mes de abril, ya que todos los usuarios o clientes de Bancos, cajas y entidades de crédito, estamos obligados a estar correctamente identificados mediante el Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad de Extranjero (residente o no residente). Aunque se ha dispuesto de 5 años para realizar esta gestión, muchas entidades han dejado para el último momento adaptar sus archivos, por lo que ahora, antes del 30 de abril de 2015, usted como usuario, deberá cerciorarse de que ha cumplimentado dicho trámite correctamente, sobre todo para evitar que cualquiera de sus cuentas pueda ser bloqueada.
La crisis en la que desde hace años estamos inmersos, ha provocado la imposibilidad de muchos ciudadanos para acceder a un puesto digno de trabajo y, concretamente a fecha de hoy, para casi cuatro millones y medio de españoles. A duras penas, familiares, amigos, prestaciones por desempleo y sobre todo múltiples asociaciones, ONG, han ido cubriendo las necesidades de tantos españoles y españolas. Según el último informe anual de Cáritas, un 40,6% de la población va hundiéndose en la precariedad y, en torno al 24%, sufre exclusión social moderada. O lo que es igual, la pobreza grave afecta a tres millones de personas en nuestro país.
Para evitar en lo posible retrasos en las devoluciones, recomendamos que se realice cuanto antes el conocido modelo 100.
Las relaciones vinculadas con el trabajo siempre han estado cubiertas de cierta controversia. Ni que decir tiene que, junto al Derecho Societario o Mercantil, han supuesto durante estos últimos años importante causa de litigio y búsqueda de equidad ante los juzgados de todo el país, especialmente por los cambios legislativos y sentencias que se van sucediendo de forma constante.
Las entidades de crédito, reacias todas a modificar su operativa respecto de las clausulas suelo, están siendo notificadas de una serie de sentencias que están estimando, no sólo la nulidad de las denominadas "cláusulas suelo", sino la retroactividad de sus efectos en el sentido de requerir de los bancos la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, incluso aquellas generadas antes del 9 de mayo de 2013, fecha de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso de la nulidad. Éste último fallo, contrario a la doctrina del Alto Tribunal, ha sido dictado, por ejemplo, por el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Oviedo, condenando a Banco Popular a devolver a un particular todas las cantidades incorrectamente cobradas en un préstamo hipotecario.