Junto a nuestros compañeros de Ley 57 Abogados, Jiménez & Asociados ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz, D. Jesús Maeztu. Concretamente, los letrados Carlos Cómitre y Miguel Ángel Jiménez, han solicitado su intervención ante las autoridades judiciales y entidades financieras, de forma que se pueda desbloquear la situación que padecen miles de afectados por los efectos de las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios que debieron asumir a la hora de contratar una hipoteca. La falta de respuesta extrajudicial y la inoperancia de los tribunales creados específicamente para estos asuntos por parte del Estado, no han hecho más que agravar la problemática que bancos y entidades financieras han provocado a gran parte de los consumidores de este país.

Aunque sea una Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Número 28 de Barcelona, no cabe duda de que puede representar el inicio de un nuevo tiempo para aquellos afectados por los abusos bancarios y, sobre todo, por aquellos negocios jurídicos relacionados con la compra de una vivienda mediante crédito hipotecario.

En la Sentencia conocida recientemente, el Juez condena a la entidad bancaria para que abone a su cliente la cantidad que debió abonar como Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Los artículos 27 al 44 del Real Decreto 1/1993 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados, regulan la aplicación del mismo y, aunque no solo afecta a las hipotecas, en su mayor parte, quienes contratan una, son los más perjudicados por su existencia. Hablamos del impuesto que grava la emisión de documentos notariales, los cuales se extienden en papel timbrado, con sus matrices y copias.

Para calcular su base imponible, en el caso de adquisición de una vivienda, local, garaje, etc., con hipoteca, sumaremos todos los conceptos integrados en la misma: capital prestado, intereses ordinarios, intereses de demora, costas judiciales, gastos, etc.

En alguna otra ocasión hemos tenido oportunidad en este blog de comentar los avances legislativos que en materia, sobre todo, de viviendas para uso turístico, ha implementado la Junta de Andalucía. También hemos referenciado alguna que otra tendencia jurídica de otras comunidades autónomas, ya que, por esa vía aún queda bastante camino por recorrer, sobre todo por la presión que está ejerciendo el sector hotelero, e incluso de algunos gestores de este tipo de servicios turísticos, que sí están dados de alta en Hacienda, Seguridad Social y la Consejería de Turismo para ejercer legítimamente el honorable trabajo de anfitrión de una o varias casas en zonas turísticas de la costa o el interior de Andalucía.

Pues bien, la noticia que saltaba a la prensa hace unos días es la siguiente “El Tribunal Supremo obliga a HomeAway a retirar de su plataforma de reservas los pisos ilegales”.

A pesar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y los criterios seguidos hasta ahora por muchas Audiencias Provinciales, eran favorables a los afectados, los bancos que eran depositarios y garantes de las cantidades adelantadas, hasta la construcción y entrega de las viviendas, se estaban negando a devolverlas. Y todo ello cuando ya era evidente que las casas ni siquiera llegaban a buen término, ya sea por quiebra de las constructoras, promotoras o inmobiliarias, ya sea por motivos urbanísticos que impedían el desarrollo de las mismas.

Por desgracia, las entidades siguen forzando a sus clientes a la vía judicial. Pero hemos de decir que, desde el año 2015, con pleno éxito, al menos en lo que a la provincia de Málaga se refiere.

Comentamos en este caso la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando la prohibición que sobre viviendas vacacionales había impuesto esta comunidad autónoma, mediante el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), denunció en su momento el contenido del mencionado Decreto, en lo relativo a la prohibición que, de facto, establecía el Artículo 3.2, al excluir de la norma a las edificaciones ubicadas en suelos turísticos. Cosa más que sorprendente, si se obvian las presiones que, según ASCAV, impuso en su momento cierta parte de la patronal hotelera, en contra de lo solicitado por la ciudadanía, la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, el Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife, etc.

Nos referimos concretamente a la aplicación de recargos por Plusvalía, aunque el inmueble vendido haya sido a pérdida o con un incremento patrimonial igual a cero.

Si bien es cierto que la nulidad dictada por el Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solo afecta a dos artículos de la Ley Foral guipuzcoana que rige dicho impuesto, en la práctica, son prácticamente calcados de los que ayuntamientos de toda España aplican para la autoliquidación, liquidación o revisiones que hasta ahora se vienen dando. Es por ello que tarde o temprano el Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad en el resto del territorio español, en base a la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Artículo 104 y siguientes.