"Alquilé mi piso por 30 días y ahora no puedo echar al inquilino". Algo así se relataba en la noticia que El Confidencial, publicó el pasado lunes 25 de abril, sobre las desventuras de una propietaria de San Francisco (EEUU), que puso uno de sus apartamentos en manos de una plataforma web de alquiler vacacional. Además de sobrepasar el tiempo de estancia pactado, el inquilino empezó a quejarse por absolutamente todo e, incluso, dejó de pagar.

Aunque la legislación española es bien diferente a la de California, no cabe duda de que, antes de iniciar cualquier tipo de negocio jurídico, la recomendación es consultar con un profesional del Derecho, el cual nos orientará sobre todas las cuestiones jurídicas y fiscales que conlleva tal decisión.

Sin entrar en profundidad, por ahora, en cuestiones sobre la modificación de las fachadas de edificios regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, sí que hacemos mención a una nueva Sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena retirar cinco aparatos de aire acondicionado, instalados en el exterior de un edificio que previamente contaba con preinstalación para dichos electrodomésticos.

Entiende el Tribunal que la alteración del edificio no se produce exclusivamente en las fachadas exteriores, sino también en el patio interior del mismo. Igualmente, destaca que "la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción vigente en la fecha de los hechos".

Respecto de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, el Artículo 337 del Código Penal, establece que:

"1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a

Una de las últimas Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de familia, ha modificado su Doctrina al entender que el pacto alcanzado entre las parejas al momento de la separación, tiene plena vigencia a la hora de requerirse el divorcio, promovido solo por una de las partes. Textualmente, el Tribunal admite que "a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de ambos cónyuges, siempre que no sea contraria a la Ley, la moral y el orden público."

Reconocida en Primera Instancia una pensión compensatoria por importe de 1.400 euros, fue la Audiencia Provincial de Madrid quien, estimando el Recurso interpuesto por el marido, quien extinguió el derecho adquirido por la esposa a la hora de seguir percibiendo la cantidad estipulada en el convenio regulador instituido al momento de la separación.

Según el Tribunal Supremo, para la liquidación de un despido improcedente, deberá ser tenida en cuenta la fecha de publicación de la Sentencia. Ni desde el momento en que se produjo el despido, presentación de la demanda u otro momento procesal que el definitivamente fijado ahora por el Supremo.

Durante el año 2012, el Juzgado de lo Social que revisó el despido, dio a elegir entre una indemnización superior a los 50.600 euros, o su inmediata readmisión. Seleccionada la segunda opción, la empresa pretendía enviar al trabajador a una sucursal distinta a la que desempeñaba sus labores en la zona de Santander, tan alejada de su último destino como Santiago de Chile.

Como ya comentamos en nuestro anterior artículo referido a la nueva legislación autonómica sobre el arrendamiento de viviendas para uso turístico, uno de los motivos por el que el legislador, después de tantos años, entra a regular y vigilar este tipo de contratación, es el beneficio económico que ello reporta a las arcas privadas sin pasar por el control de Hacienda.

Según los técnicos de Hacienda, en Andalucía y, concretamente, en la provincia de Málaga, se encuentran la mayor parte de arrendamientos sin declarar, la mayoría de ellos, para uso distinto del de vivienda. Se estima que la proporción es del 55,4 por ciento. Esto es, 14 puntos por encima del promedio español. Por ello, la Agencia Tributaria ha puesto los ojos y toda su plantilla de inspectores a revisar y cruzar, entre otros, los datos del consumo eléctrico que de declaran en viviendas que, en teoría, están desocupadas, además de los anuncios de arrendamiento vacacional existentes en las distintas plataformas que existen en el mercado como Airbnb, Tripadvisor, HomeAway, etc. sin contar además con, la colaboración existente a partir de ahora entre Hacienda y la Junta de Andalucía, encargada de inscribir, registrar e inspeccionar desde ahora todos estos inmuebles.