Aunque el Artículo 14 de la Constitución Española, declara que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", son innumerables las sentencias que nos hacen, como ciudadanos de a pie, plantearnos la laxitud a la hora de aplicar esta norma.

Por ahora, y hasta que no sea derogado el Artículo 1303 del Código Civil, al declararse "la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses..." Y en los sucesivos 1304 a 1308 del mismo texto legal, nada hay que pueda favorecer, como es el caso que a continuación relatamos, a las entidades de crédito a no devolver todas las cantidades indebidamente cobradas mediante las denominadas "cláusulas suelo", incluidos los intereses de demora.

La crisis en la que desde hace años estamos inmersos, ha provocado la imposibilidad de muchos ciudadanos para acceder a un puesto digno de trabajo y, concretamente a fecha de hoy, para casi cuatro millones y medio de españoles. A duras penas, familiares, amigos, prestaciones por desempleo y sobre todo múltiples asociaciones, ONG, han ido cubriendo las necesidades de tantos españoles y españolas. Según el último informe anual de Cáritas, un 40,6% de la población va hundiéndose en la precariedad y, en torno al 24%, sufre exclusión social moderada. O lo que es igual, la pobreza grave afecta a tres millones de personas en nuestro país.

Si a todo ello, unimos que los divorcios aumentaron durante 2014 un 7,2%, resultando un total de 126.400, no muy tarde se irían presentando múltiples demandas para la modificación de medidas por parte de los alimentantes.

Las relaciones vinculadas con el trabajo siempre han estado cubiertas de cierta controversia. Ni que decir tiene que, junto al Derecho Societario o Mercantil, han supuesto durante estos últimos años importante causa de litigio y búsqueda de equidad ante los juzgados de todo el país, especialmente por los cambios legislativos y sentencias que se van sucediendo de forma constante.

Tanto desde la visión del empresario, como del trabajador, la tarea del Letrado es la de devolver el equilibrio a cualquier conflicto que pueda derivarse de este vínculo laboral. Se hace indispensable el acercamiento de las posturas que pudieran estar enfrentadas, planteando las acciones judiciales o extrajudiciales que sean necesarias. Claros ejemplos de esta acción las podemos encontrar, por ejemplo, en las reclamaciones por despido, bajas o incapacidad laboral. También aquellas derivadas de conflictos individuales o colectivos planteados en el seno de las empresas.

Este mes de marzo está siendo extremadamente interesante, por cuantas Sentencias han ido acumulando Tribunales y Juzgados en favor de Derechos Fundamentales, quebrantados hasta ahora, no solo por entidades bancarias, sino también por la misma Administración Pública, quien viene discriminando fiscalmente a los ciudadanos españoles según la Comunidad Autónoma en la que residen.

Éste es uno de los casos que resuelve el Tribunal Constitucional en Sentencia dictada el pasado 18 de marzo de 2015, en la que se estima la "Cuestión de Inconstitucionalidad" Número 3337/2013 (promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y, consecuentemente, en la que se declara inconstitucional y nulo parte del artículo 12.bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, concretamente, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

Las entidades de crédito, reacias todas a modificar su operativa respecto de las clausulas suelo, están siendo notificadas de una serie de sentencias que están estimando, no sólo la nulidad de las denominadas "cláusulas suelo", sino la retroactividad de sus efectos en el sentido de requerir de los bancos la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, incluso aquellas generadas antes del 9 de mayo de 2013, fecha de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso de la nulidad. Éste último fallo, contrario a la doctrina del Alto Tribunal, ha sido dictado, por ejemplo, por el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Oviedo, condenando a Banco Popular a devolver a un particular todas las cantidades incorrectamente cobradas en un préstamo hipotecario.