Aunque de forma indirecta, la banca española vuelve a ser beneficiada por la Tribunal Supremo, dando por buena la norma del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que obliga a todos los beneficiarios de una prestación social, a disponer de una cuenta bancaria, con los gastos que ello normalmente supone.

Es cierto que, como el mismo Tribunal expone, existen entidades bancarias que han eliminado por completo las comisiones bancarias por mantenimiento de cuentas, aunque bajo determinadas exigencias que, en modo alguno pueden cumplir, por ejemplo, algunos desempleados, ya que suelen exigir un saldo medio, o la domiciliación de determinados recibos. Solo en casos de banca completamente online, esas comisiones alcanzan realmente a ser cero, aunque nos obligan a disponer de otra cuenta en una oficina física para poder disponer del efectivo transferido por el Estado. Olvida también el Supremo que no todos los beneficiarios de este tipo de prestaciones tienen la posibilidad de disponer de ordenador o conexión a Internet.

Sin entrar en profundidad, por ahora, en cuestiones sobre la modificación de las fachadas de edificios regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, sí que hacemos mención a una nueva Sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena retirar cinco aparatos de aire acondicionado, instalados en el exterior de un edificio que previamente contaba con preinstalación para dichos electrodomésticos.

Entiende el Tribunal que la alteración del edificio no se produce exclusivamente en las fachadas exteriores, sino también en el patio interior del mismo. Igualmente, destaca que "la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción vigente en la fecha de los hechos".

Una de las últimas Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de familia, ha modificado su Doctrina al entender que el pacto alcanzado entre las parejas al momento de la separación, tiene plena vigencia a la hora de requerirse el divorcio, promovido solo por una de las partes. Textualmente, el Tribunal admite que "a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de ambos cónyuges, siempre que no sea contraria a la Ley, la moral y el orden público."

Reconocida en Primera Instancia una pensión compensatoria por importe de 1.400 euros, fue la Audiencia Provincial de Madrid quien, estimando el Recurso interpuesto por el marido, quien extinguió el derecho adquirido por la esposa a la hora de seguir percibiendo la cantidad estipulada en el convenio regulador instituido al momento de la separación.

El Artículo 13 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, define cuáles son los órganos de gobierno de la comunidad de vecinos, siendo el Administrador de Fincas uno de éstos, además de la Junta de Propietarios, el Presidente y, en su caso, el Vicepresidente y el Secretario.

Seguidamente, en el Artículo 20 de la LPH, se enumeran las obligaciones del Administrador, quien siempre deberá actuar en beneficio de la comunidad, siendo éstas las siguientes:

1. Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

Aunque el Tribunal Supremo sigue poniendo límites a este tipo de créditos, la falta de información pone en serio riesgo a muchas personas que buscan una salida inmediata a sus problemas de solvencia.

Y es que de "usura", califica el Supremo la actividad que determinadas empresas que, por ejemplo, cobran un 24,6 por ciento de interés, más un interés de demora igual al anterior, incrementado en 4,5 puntos. Dice la Sala de lo Civil que, "La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo." Por ello, le es de aplicación al caso tratado el Artículo 1 y 9 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, en tanto se dice que:

En una Sentencia emitida el pasado día 2 de marzo, el TS ha delimitado claramente cuáles son los límites de los abuelos paternos y maternos a la hora de afrontar los costes de manutención de sus nietos, sobrevenida una serie de circunstancias como la incapacidad de ambos padres y su incapacidad para volver al mercado laboral por dicha circunstancia, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Gijón como la Audiencia de Provincial sita en la misma localidad, estimaron parcialmente la demanda de la madre, condenando a los cuatro abuelos a pagar una pensión de alimentos a la nieta (actualmente de 12 años de edad), por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros debían ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos. Antes de llegar el caso al Supremo, la Audiencia Provincial simplemente corrigió el Fallo emitido durante la Primera instancia, en el sentido de que la pensión debía pagarse desde la fecha de interposición de la demanda y dentro de los cinco primeros días de cada mes.