Curiosamente, en multitud de ocasiones no son solo cierto tipo de establecimientos los sancionados por la Administración de Justicia cuando se exceden en la emisión de ruido. Los ciudadanos, con ayuda de los Abogados, están consiguiendo Sentencias ejemplares contra de los Ayuntamientos que, como el de este caso, no adoptan las "medidas necesarias e inmediatas para evitar las perturbaciones por los ruidos procedentes de los locales de ocio". Y no lo hizo, según criterio de su defensa Letrada, porque la actividad denunciada, aunque reconocida con las mediciones realizadas por la Administración Local, "no se acredita su carácter general en el tiempo (sólo en días y horas determinadas)".
A pesar de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 7 de Málaga, "no apreció inactividad o pasividad municipal frente a la contaminación acústica", por parte del Ayuntamiento de Estepona, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, advierte en su Sentencia lo siguiente:
El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos si existe desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensión a su exmujer para la manutención de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y además rechaza que esa pensión pueda limitarse temporalmente (como hizo el Juzgado de Primera Instancia que estudió el asunto, que fijó el límite en dos años), "pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo", más allá de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variación sustancial de las circunstancias (Artículo 91 del Código Civil).
El pasado 14 de noviembre, el Tribunal Supremo estimó el Recurso de Casación interpuesto por una madre maltratada cuyo hijo fue reclamado por su padre dos años después de su nacimiento. El Fallo, contradice las sentencias emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de las Palmas de Gran Canaria y la Sección Quinta de Audiencia Provincial de esa misma ciudad, en las que se aplicaba en exclusiva el Artículo 109 del Código Civil y del Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Registro Civil, en contraposición, en este caso concreto, del espíritu constitucional, concediendo el primer lugar en el apellido del menor a la línea paterna, eludiendo entrar en más apreciaciones, como el hecho de reclamar de forma tardía ese supuesto derecho, además de un hijo nacido extramatrimonialmente, o la condena por delito de maltrato sobre la madre.
Aunque en un asunto en el que se otorga a un funcionario interino el derecho a percibir los sexenios solicitados como complemento de su sueldo, el Constitucional ha iniciado un interesante e importante precedente que, con mucha probabilidad, facilitará a los ciudadanos disponer de mejores resultados a la hora de reclamar derechos que, hasta ahora, incluso el Tribunal Supremo ha sustraído en distintas materias, como las recurrentes "cláusulas suelo".
Van siendo reiteradas las ocasiones en las que la Unión Europea y su Tribunal de Justicia, vienen enmendando la plana al Estado Español respecto de nuestra Ley Hipotecaria. En noviembre de 2012, el TJUE declaraba el procedimiento sobre desahucios contrario a la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que nuestro país, permite el uso de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios, causando masivas ejecuciones forzosas, prácticamente imposibles de negociar con los bancos. Al año siguiente, el Alto Tribunal de la UE, volvió a declarar las normas hipotecarias españolas fuera del ordenamiento jurídico de la Unión, indicando a los juzgados españoles el uso de su Doctrina, a la hora de paralizar los desahucios hipotecarios, en el uso de la Directiva anteriormente citada. Y, finalmente, a pesar de las modificaciones aprobadas en esta última legislatura, en julio de 2014, el Tribunal europeo nuevamente recriminaba al Estado Español, legislar en contra de los dictados de la UE respecto de la protección a los consumidores, la garantía de una tutela judicial efectiva y la pérdida de determinados derechos humanos.
En una reciente Sentencia del Supremo, se obliga a las aseguradoras a hacer frente a la cobertura de cualquier tipo de siniestro, incluso en el caso de que el tomador de la póliza no haya abonado en tiempo y forma la misma, entendiendo el Tribunal que es imprescindible la notificación a éste por parte de la compañía respecto de su baja.