Ya el Tribunal Supremo, en su Sentencia 2159/2014, de 30 de mayo, declaraba injusto que los ayuntamientos cobrasen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de parcelas urbanizables desarrolladas, en igual proporción que aquellas en las que ni siquiera el plan parcial había sido aprobado por los correspondientes consistorios. O lo que es igual, que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General del Catastro, valorase de la misma forma unas fincas y otras, sin tener en cuenta el hecho de que no existen construcciones, y que tampoco reciben los mismos servicios municipales que otras zonas que disponen de alumbrado público, acerado, asfalto en sus calles, etc.

Como ya sabemos, la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) respecto de las cláusulas suelo, emitida el 9 de mayo de 2013, resultó ser un gran revulsivo a la hora de convencer a los ciudadanos hipotecados sobre la conveniencia de exigir a los bancos la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de crédito bancario.

Más recientemente, por efecto de la Sentencia de 25 de marzo de 2015, en la que el TS limitaba las devoluciones desde el 9 de mayo de 2013, los ciudadanos entendimos que, injustamente, se estaba defendiendo y beneficiando a la banca en general, en contra del consumidor y de la propia legislación española. Concretamente del Código Civil, en su Artículo 1303, entendiendo que restituir esas cantidades pondría en riesgo la "solvencia del sistema bancario español."

Hace unos 11 años, sobre todo desde el nacimiento de Facebook en Estados Unidos, las redes sociales han ido modificando la manera en que nos relacionamos. Es un hecho constatado que durante cierta parte del día permanecemos conectados a ordenadores y dispositivos móviles, con el objeto de transmitir nuestras ideas y deseos, ya no sólo para compartir éstas con el mundo, sino también de forma privada, ya sea con amigos, conocidos o familiares.

Siendo Internet un reflejo de nuestra sociedad, con sus bondades y maldades, era de esperar que también se trasladase buena carga delictiva a la red. Amenazas, injurias y calumnias, ... o meras pruebas de hechos delictivos, como en el caso que hoy nos ocupa: Sentencia Número 300/2015, de 19 de mayo, publicada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En anteriores publicaciones hemos ido relatando las distintas varas de medir que Juzgados y Tribunales han estado utilizando a la hora de analizar la nulidad de las comúnmente llamadas cláusulas suelo y la consiguiente restitución de todo lo cobrado por las entidades de crédito, atendiendo unas a la Sentencia del Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 y, otras, a la nueva del 25 de marzo de 2015.

No obstante, durante estas últimas semanas, han surgido una serie de jueces de lo mercantil que, en lugar de la aplicación automática de las resoluciones del Tribunal Supremo al respecto, se decantan por aplicar la que en su día dictara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Aunque el Artículo 14 de la Constitución Española, declara que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", son innumerables las sentencias que nos hacen, como ciudadanos de a pie, plantearnos la laxitud a la hora de aplicar esta norma.

Por ahora, y hasta que no sea derogado el Artículo 1303 del Código Civil, al declararse "la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses..." Y en los sucesivos 1304 a 1308 del mismo texto legal, nada hay que pueda favorecer, como es el caso que a continuación relatamos, a las entidades de crédito a no devolver todas las cantidades indebidamente cobradas mediante las denominadas "cláusulas suelo", incluidos los intereses de demora.

La crisis en la que desde hace años estamos inmersos, ha provocado la imposibilidad de muchos ciudadanos para acceder a un puesto digno de trabajo y, concretamente a fecha de hoy, para casi cuatro millones y medio de españoles. A duras penas, familiares, amigos, prestaciones por desempleo y sobre todo múltiples asociaciones, ONG, han ido cubriendo las necesidades de tantos españoles y españolas. Según el último informe anual de Cáritas, un 40,6% de la población va hundiéndose en la precariedad y, en torno al 24%, sufre exclusión social moderada. O lo que es igual, la pobreza grave afecta a tres millones de personas en nuestro país.

Si a todo ello, unimos que los divorcios aumentaron durante 2014 un 7,2%, resultando un total de 126.400, no muy tarde se irían presentando múltiples demandas para la modificación de medidas por parte de los alimentantes.